El reciente allanamiento llevado a cabo por la Gendarmería Nacional en el local comercial Divinas reinstaló con fuerza el debate sobre la procedencia de la indumentaria que se comercializa en la provincia y las condiciones del sector informal. En una entrevista brindada a Voces Críticas TV, el concejal capitalino y miembro de la comisión directiva del Sindicato de Comercio de Salta, Ángel Ortiz, analizó la situación con duros cuestionamientos hacia las maniobras irregulares.
El legislador municipal fue contundente al calificar el escenario detectado en el comercio como un presunto caso de contrabando de ropa. Ortiz señaló que la presencia de mercadería de origen dudoso y el posible ingreso de productos a través del mercado negro representan un golpe directo a la economía local, afectando principalmente a los empresarios y emprendedores que operan bajo las normativas vigentes.
El perjuicio a los comercios registrados y la competencia desleal
Durante la entrevista, el referente sindical hizo especial hincapié en el desequilibrio que generan estas prácticas dentro del circuito comercial salteño. Explicó que las actividades vinculadas al contrabando se traducen en una competencia desleal inadmisible para aquellos comerciantes que afrontan mensualmente una pesada carga tributaria, pagan alquileres y sostienen de manera formal sus estructuras operativas.
Para el edil, combatir este tipo de delitos aduaneros y comerciales como el de Divinas, es una tarea fundamental para proteger a quienes deciden invertir su capital dentro de la ley. Sin embargo, advirtió que la problemática requiere una mirada integral por parte de los organismos de control para evitar que el mercado ilegal termine canibalizando los esfuerzos del comercio minorista registrado.
La encrucijada entre la legalidad y la preservación del empleo
A pesar de la firmeza de sus críticas hacia las supuestas maniobras de contrabando, Ortiz mostró su preocupación por el destino de los empleados que cumplen funciones en el establecimiento investigado. En ese sentido, manifestó su deseo de que el local pueda readecuar su situación, regularizar los papeles correspondientes ante las autoridades de fiscalización y volver a abrir sus puertas al público en el corto plazo.
El concejal concluyó que el objetivo final de las intervenciones judiciales no debe ser la destrucción de las empresas, sino su reconversión hacia el marco legal. Remarcó que resulta indispensable encontrar un equilibrio que permita sancionar las infracciones aduaneras y exigir el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero implementando medidas de acompañamiento que eviten despidos y preserven las fuentes laborales de las familias salteñas.
