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La crisis económica que atraviesa el país volvió a mostrar su cara más compleja este miércoles en el macrocentro salteño. En las inmediaciones del Mercado San Miguel, la tensión escaló rápidamente cuando un grupo de vendedores informales intentó asentarse en las veredas de la intersección de avenida San Martín e Ituzaingó, desatando el rechazo tanto de comerciantes establecidos como de los propios manteros que ya operan en la zona.

Ante el avance de los nuevos puestos callejeros, efectivos de la Policía de Salta y personal de la Dirección de Control Municipal desplegaron un operativo para frenar la ocupación de la vía pública. El objetivo de las autoridades fue evitar que el asentamiento se consolidara, en un área donde el tránsito peatonal ya se encuentra severamente afectado.

Uno de los puntos más llamativos de la jornada fue el enfrentamiento entre los mismos trabajadores informales. Quienes ya ocupan espacios en el sector desde hace tiempo se opusieron tajantemente al arribo de "nuevos colegas", argumentando que el espacio es escaso y que la llegada de más competencia reduce sus ya magras ganancias. Lo que comenzó como una discusión subió de tono hasta transformarse en un cruce de reproches que obligó a los uniformados a mediar para evitar agresiones físicas.

El reclamo del comercio legal

Por su parte, los comerciantes que trabajan bajo normas legales dentro del predio del Mercado San Miguel manifestaron su malestar y preocupación. Según señalaron, la proliferación de puestos en las veredas representa una competencia desleal difícil de sostener en un contexto de caída libre de las ventas.

"La situación en el macrocentro es crítica; el sector comercial no solo pelea contra la inflación, sino también contra una desorganización del espacio público que parece no tener techo", sostuvieron fuentes vinculadas al sector.

El fenómeno no es aislado. El crecimiento del comercio informal en Salta es un reflejo directo del deterioro del poder adquisitivo, que empuja a cada vez más personas a la búsqueda de ingresos de subsistencia en la calle. Sin embargo, para los comerciantes formales, el avance de la irregularidad pone en jaque la supervivencia de los locales que deben afrontar impuestos y alquileres en medio de una recesión que no da tregua.

El IPS atraviesa una etapa de reorganización financiera después de haber reducido de manera considerable la deuda acumulada durante los últimos años. Según explicó el presidente del organismo, Martín Baccaro, el pasivo pasó de unos $25 mil millones al momento de la intervención a menos de $10 mil millones en la actualidad, aunque todavía persisten atrasos en algunos pagos a prestadores.

Desde el IPS remarcaron que la disminución de la deuda fue posible gracias al respaldo económico del Gobierno provincial y a una reducción relativa de gastos en el funcionamiento de la obra social. Baccaro sostuvo que, si la deuda original se actualizara al nivel actual de erogaciones mensuales, hoy equivaldría a más de $35 mil millones.

El titular del IPS también aclaró que la situación actual no responde a incumplimientos concentrados con grandes proveedores, sino principalmente a demoras en los plazos de pago. Según indicó, existen convenios que deberían abonarse a 45 días pero actualmente se están cancelando entre los 60 y 70 días, dependiendo de cada caso.

En ese sentido, el funcionario explicó que la obra social provincial mantiene un gasto mensual cercano a los $30 mil millones y que el principal desafío es sostener el equilibrio financiero mientras continúan subiendo algunos costos médicos y farmacéuticos. Además, reconoció que eventuales aumentos en medicamentos, prótesis o insumos podrían volver a generar desequilibrios en las cuentas del organismo.

A pesar del escenario complejo, desde el IPS aseguraron que el objetivo es normalizar completamente los pagos durante los próximos tres meses. La conducción de la obra social se mostró optimista respecto de alcanzar una mayor estabilidad financiera, aunque admitió que el contexto económico seguirá siendo determinante para sostener el plan de recuperación.

El caso de los hermanitos Leguina volvió a instalarse en la agenda pública salteña luego de que trascendieran versiones sobre una posible libertad condicional para Marcelo Torrico, uno de los condenados a perpetua por el secuestro y asesinato de Melanie y Octavio en 1998.

En ese contexto, Miguel Leguina, padre de los niños, habló con Radio Salta y dejó un estremecedor testimonio atravesado por el dolor que todavía arrastra casi tres décadas después del crimen. “Las imágenes que vi ahí hasta el día de hoy las tengo en mi mente”, expresó al recordar las autopsias de sus hijos.

Melanie, de 9 años, y Octavio, de 6, desaparecieron el 4 de mayo de 1998 cuando salieron rumbo a la escuela desde barrio Palmeritas. Tras seis días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron hallados en un descampado cercano al cementerio de La Silleta. La investigación confirmó que ambos habían sido drogados, torturados y asesinados, mientras que la niña además había sido abusada sexualmente.

Por el brutal crimen fueron condenados Marcelo Torrico y Ariel Brandán a reclusión perpetua en 1999. Sin embargo, la posibilidad de que Torrico pueda acceder a un beneficio por el tiempo cumplido volvió a generar indignación entre los salteños y reabrió una de las heridas más profundas de la historia criminal de la provincia.

Al referirse a una eventual liberación, Miguel Leguina sostuvo que no firmaría para otorgarle ese beneficio, aunque aclaró que la decisión depende exclusivamente de la Justicia. “Si estuviera en nuestras manos… no firmaría”, dijo con resignación.

El padre de los hermanitos también reveló que los recuerdos que conserva no son precisamente los momentos felices junto a sus hijos, sino las imágenes del horror que vivió durante las pericias. “Yo no tengo el recuerdo de cuando los chicos salieron de mi casa para ir a la escuela. Mi señora sí tiene esas imágenes. Yo tengo las imágenes de la autopsia en mi cabeza”, relató.

A pesar del sufrimiento, Leguina aseguró que encontró contención en la fe y sostuvo que eso fue lo que le permitió continuar adelante junto a su familia. “Si no hubiésemos buscado al Señor, capaz que no estaría hablando con ustedes”, manifestó durante la entrevista.

El caso Leguina marcó un antes y un después en Salta y todavía sigue generando conmoción social. Años después de la condena, Torrico volvió a ocupar titulares tras haberse fugado del penal de Villa Las Rosas en 2004, permaneciendo prófugo durante casi dos meses hasta ser recapturado.

El Gobierno de Salta confirmó que implementará medidas económicas para sostener la coparticipación que reciben los municipios en medio de la caída de recursos nacionales y del impacto generado por el ajuste económico. Según informó Aries, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, aseguró que la Provincia garantizará como piso el mismo nivel de fondos que los intendentes percibieron durante febrero.

El funcionario explicó que la decisión ya fue acordada con distintos jefes comunales de la provincia, entre ellos intendentes de Apolinario Saravia, Joaquín V. González, Tartagal y Salvador Mazza. “Vamos a absorber y amortiguar las caídas de las coparticipaciones”, sostuvo Dib Ashur al referirse a la situación financiera que atraviesan los municipios salteños.

Según detalló el titular de la cartera económica, Salta ya acumula cerca de nueve meses consecutivos de caída en la coparticipación. En ese sentido, vinculó el escenario con la baja de la actividad económica y del consumo, lo que impacta directamente en la recaudación de impuestos como el IVA e Ingresos Brutos.

Dib Ashur señaló además que la Provincia aplicará una política “contracíclica”, utilizando previsiones financieras y adelantos vinculados al impuesto a las ganancias para reforzar los recursos municipales y evitar mayores complicaciones en las comunas.

Finalmente, el ministro remarcó que Salta mantiene equilibrio fiscal desde hace seis años y adelantó que continuarán las reuniones con intendentes, empresarios y sectores educativos para coordinar medidas frente al complejo contexto económico actual.