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El hallazgo de un ataúd de madera, de pequeñas dimensiones y en perfecto estado, conmocionó a los vecinos de Salvador Mazza. La caja fúnebre fue abandonada en un yutal visible, justo al lado de una escuela pública en el barrio Jardín. La situación generó alarma inmediata por el simbolismo del objeto y el lugar donde fue depositado.

Agentes de la Policía de Salta se presentaron en el lugar tras el aviso de los residentes y procedieron al secuestro del féretro. La escena en Salvador Mazza se transformó en un foco de atención, donde el desconcierto y la sospecha tomaron protagonismo. La cercanía del ataúd con una institución educativa elevó el nivel de preocupación, ya que algunos vecinos lo interpretaron como un posible acto intimidatorio. 

El ataúd fue trasladado en una motocicleta policial a la comisaría de Alto Verde, mientras continúa la investigación para determinar su procedencia. Las imágenes del operativo recorriendo las calles del barrio Jardín generaron aún más desconcierto. Las autoridades intentan esclarecer si el objeto fue robado, abandonado como parte de un ritual, o si tiene connotaciones aún más oscuras.

Vecinos de Salvador Mazza sostienen que en la frontera pocas cosas sorprenden, pero el hallazgo supera cualquier precedente reciente. Algunos creen que puede tratarse de una broma macabra, otros de un mensaje con destinatario. La posibilidad de que el ataúd haya sido sustraído de una funeraria o fabricado para fines ajenos a su uso convencional también está siendo analizada. 

En un contexto marcado por hechos insólitos y señales inquietantes, este episodio se suma a una larga lista de sucesos que mantienen en vilo a los habitantes de la zona. Aunque no se registraron otros elementos en el lugar, la aparición del ataúd fue suficiente para instalar el miedo. La fiscalía intervino y ordenó peritajes para rastrear huellas o datos del fabricante.

En el marco de un operativo de control vehicular de rutina, personal de la Dirección General de Seguridad Vial de Salta detuvo a una mujer que presentaba un pedido de captura activo por el delito de robo. El procedimiento se llevó a cabo sobre la ruta provincial 26, en la zona del barrio Las Tunas, donde los efectivos realizaban tareas de inspección y control.

Durante la inspección, los agentes detectaron que una de las personas identificadas, una mujer mayor de edad, tenía una orden de detención vigente emitida por la justicia provincial. Ante esta situación, la mujer fue inmediatamente aprehendida y puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes.

En este caso, interviene la Fiscalía Penal de Cerrillos, junto con el Juzgado de Garantías N°6, que han ordenado las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. Las autoridades judiciales determinarán los pasos a seguir en relación con la situación legal de la detenida.

Desde la Dirección General de Seguridad Vial destacaron la relevancia de estos controles preventivos, señalando que son una herramienta fundamental para combatir el delito y fortalecer la seguridad en las rutas de la provincia. Los operativos permiten identificar y detener a personas con cuentas pendientes con la justicia, contribuyendo a la prevención de ilícitos tales como robo o cualquier otro hecho delictivo.

Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de las fuerzas de seguridad de Salta con la protección de la ciudadanía y la lucha contra la delincuencia. Los controles vehiculares continuarán realizándose de manera regular en diferentes puntos de la provincia, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir la comisión de delitos. 

En un procedimiento realizado en la localidad de Los Telares, Santiago del Estero, la policía incautó más de 1.300 kilos de hojas de coca que habrían salido desde la ciudad salteña de Orán. El operativo se desarrolló durante la madrugada, cuando dos camionetas intentaron eludir un control utilizando caminos rurales. Las autoridades lograron interceptar ambos vehículos y descubrieron los bultos ocultos en su interior. 

En total se contabilizaron 764 paquetes distribuidos en 52 bultos, lo que representa uno de los decomisos más grandes de hojas de coca en la región. Aunque los ocupantes fueron identificados y puestos en libertad, el hecho quedó enmarcado en una causa por infracción a la Ley 22.415 de contrabando. Desde hace meses, los envíos desde el norte argentino han incrementado su volumen, lo que refuerza la hipótesis de un nuevo circuito logístico del narcotráfico. 

La carga fue trasladada y puesta a disposición de la Justicia Federal, junto con los vehículos, celulares y otros elementos secuestrados. Según fuentes de Santiago del Estero, este procedimiento supera al registrado en Herrera, donde el año pasado se incautaron 771 kilos. 

El volumen incautado, de más de 1.300 kilos de hojas de coca, apunta a que no se trata de distribución para el consumo tradicional. Las fuerzas especulan con la posibilidad de que estén operando laboratorios clandestinos de elaboración de pasta base en el centro o sur del país. Las características del cargamento, el perfil de los involucrados y la modalidad del transporte fortalecen esa hipótesis.

El operativo forma parte de una serie de acciones que buscan frenar el avance del narcotráfico tras la implementación del operativo Güemes y el operativo Roca. Las organizaciones estarían adaptando sus métodos, instalando “cocinas” en zonas más alejadas del norte. Esto permitiría reducir riesgos y evadir controles fronterizos.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta revocó el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Jorge Prado, exintendente de Aguaray, quien en 2021 fue condenado por el robo agravado de caños del Gasoducto del Noreste Argentino. La decisión fue tomada de manera unánime por los jueces, quienes consideraron que ya no existen razones válidas para que cumpla su pena en su vivienda.

La solicitud de revocatoria fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que argumentó que Jorge Prado provocó un daño gravísimo al liderar el saqueo de una obra pública clave para el abastecimiento energético del norte argentino. A esto se sumaron informes técnicos que desestimaron los motivos familiares esgrimidos por su defensa para mantener la domiciliaria.

La Corte Suprema de Justicia ya había confirmado la condena a seis años y seis meses de prisión, por lo que el fallo del TOF se enmarca en el cumplimiento de una pena firme. El tribunal además subrayó que la excepción que permitía el cumplimiento en su domicilio ya no es compatible con la legislación vigente sobre ejecución penal.

Según se detalló, Jorge Prado será trasladado al Complejo Penitenciario Federal NOA 3, en General Güemes, donde podrá continuar desarrollando actividades laborales de forma remota, como lo venía haciendo desde su casa. Esto será posible siempre que se respeten los términos que establece la ley para reclusos con trabajo registrado.

El robo de caños del GNEA se cometió entre 2019 y 2020, con operativos en Tartagal, General Mosconi y Aguaray. En el juicio se dictaron cinco condenas y cinco absoluciones. El caso dejó en evidencia la participación de empresas privadas y funcionarios en el vaciamiento de una obra esencial para más de un millón de personas.