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La provincia atraviesa un escenario sanitario preocupante por el crecimiento sostenido de la sífilis, una infección que volvió a mostrar un fuerte avance durante 2025. De acuerdo con los informes del Ministerio de Salud Pública, ya se registraron 785 casos confirmados y más de la mitad afecta a personas jóvenes de entre 20 y 29 años, un dato que genera especial inquietud entre los especialistas.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, la zona centro de la Capital concentra el mayor número de contagios, con 537 diagnósticos, seguida por el oeste y el norte salteño. La distribución por género evidencia una leve predominancia en mujeres, que representan poco más del 53% de los casos detectados. Además, Salud confirmó 141 contagios en personas gestantes, lo que incrementa el riesgo de sífilis congénita.

La presencia de la sífilis congénita, con 31 casos confirmados este año, encendió un alerta adicional, ya que se trata de una forma de transmisión que ocurre durante el embarazo o el parto y puede provocar consecuencias graves en los recién nacidos. Según explicaron los profesionales, el diagnóstico temprano es clave y los estudios son gratuitos y rápidos en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

Los registros oficiales muestran que los meses más críticos fueron mayo y agosto, cuando se detectaron 119 y 106 casos. Especialistas remarcan que la sífilis avanza especialmente entre jóvenes debido a la baja utilización del preservativo y la falta de controles periódicos. La enfermedad, causada por la bacteria Treponema pallidum, puede afectar el corazón, el sistema nervioso y otros órganos si no se trata a tiempo.

Desde Salud Pública insistieron en que el tratamiento es efectivo, accesible y debe realizarse tanto en la persona diagnosticada como en sus parejas sexuales para cortar la cadena de transmisión. Al mismo tiempo, reforzaron la recomendación de utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales y realizar pruebas de pesquisa de manera regular para frenar el avance de la sífilis en la provincia.

En el inicio de una ronda de consultas de la Comisión de Legislación General participaron autoridades del ministerio de Seguridad y Justicia. La iniciativa propone modernizar el Código Procesal Penal de la Provincia, fortaleciendo la oralidad, la transparencia y la eficiencia en los procesos judiciales.

En reunión ampliada llevada a cabo este jueves, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado inició el análisis del Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y el titular de la Comisión de Legislación General, Javier Mónico, contando con la presencia de los senadores, Jorge Soto, Juan Cruz Curá, Enrique Cornejo, Manuel Pailler, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Carlos López, Miguel Calabró, Walter Cruz, Alejandra Navarro, Esteban D’Andrea, Leopoldo Salva, Diego Cari, Sergio Saldaño, Sonia Magno y Arnaldo Altamirano.

Participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras; el coordinador de la Unidad de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, Sebastián Schmidt y la secretaria de Justicia, Soraya Dip.

Las autoridades explicaron que la propuesta busca completar la transición de un sistema inquisitivo hacia un sistema penal acusatorio y adversarial, en el que los juicios sean más ágiles, públicos y con roles claramente definidos. El Ministerio Público Fiscal concentrará la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedicará exclusivamente al juzgamiento, garantizando imparcialidad y celeridad en las resoluciones. También se perfeccionará la tarea del defensor.

Solá Usandivaras destacó que la reforma “permitirá una justicia más transparente y eficiente”, ya que todas las audiencias serán filmadas, lo que fortalecerá la publicidad de los actos judiciales y la confianza ciudadana. Además, se crea una Oficina Judicial encargada de la gestión administrativa, para optimizar los tiempos del proceso.

Schmidt detalló que el proyecto incorpora técnicas especiales de investigación y figuras como el informante, el agente encubierto o el agente revelador; también posibilita acuerdos de colaboración, contemplando procedimientos específicos para personas jurídicas. También introduce plazos máximos para los procesos, mecanismos de apelación horizontal más ágiles y la posibilidad de acuerdos entre las partes para resolver causas de manera anticipada.

Los senadores realizaron consultas sobre la aplicación práctica de las reformas, los recursos necesarios y los efectos en la estructura judicial y policial. En ese marco, el ministro adelantó que próximamente y de manera complementaria se presentará un Proyecto de Ley para la creación de la Policía de Investigaciones, orientada a fortalecer las tareas periciales y de coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

El senador Mónico subrayó que la iniciativa responde a una demanda social de mayor transparencia y eficacia en la justicia penal y consideró que el nuevo marco procesal “será un paso importante hacia una administración de justicia más cercana a la ciudadanía”.

El proyecto

El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de Salta tiene como objetivo modernizar el sistema de justicia penal provincial, completando la transición iniciada en 2011 hacia un sistema acusatorio y adversarial que permita juicios más ágiles, públicos y transparentes.

La iniciativa define con claridad los roles dentro del proceso: el Ministerio Público Fiscal concentra la investigación y la acusación, mientras que el juez se dedica exclusivamente al juzgamiento, garantizando imparcialidad. Además, el imputado deja de ser un mero objeto del proceso para convertirse en un sujeto activo, con participación efectiva en su defensa.

La reforma fortalece la oralidad y la transparencia de los procedimientos, con todas las audiencias filmadas y la posibilidad de métodos alternativos de resolución de conflictos, incluyendo juicios abreviados mediante acuerdos entre las partes. Se incorporan también herramientas de investigación modernas, como el uso de agentes encubiertos, informantes y acuerdos de colaboración con imputados, así como procedimientos específicos aplicables a personas jurídicas.

El proyecto establece plazos máximos diferenciados según la complejidad de los casos y mejora los mecanismos de apelación, reemplazando el recurso de casación por un sistema de apelaciones horizontales que agiliza la resolución de conflictos. Se prevé la unificación de acusaciones y la posibilidad de acuerdos parciales o totales entre la acusación y la defensa.

Asimismo, se crea una Oficina Judicial para optimizar la gestión administrativa de los tribunales y se refuerza la coordinación entre la policía y el Ministerio Público Fiscal, con especialización del personal, inversión en ciencias forenses y mejoras en infraestructura penitenciaria y seguridad carcelaria.

Se espera que la reforma contribuya a una justicia más rápida, transparente y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la persecución de delitos complejos como la corrupción y el narcotráfico y reduciendo la conflictividad social, por lo que el proyecto seguirá abierto a consulta con otros actores del sistema.

El juicio por el femicidio de Jimena Beatriz Salas ingresó este miércoles en su etapa final con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, que solicitó 12 años de prisión efectiva para los hermanos Carlos Damián (40) y Adrián Guillermo Saavedra (38), acusados como partícipes secundarios del homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género.

La audiencia por el femicidio se desarrolla ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, con transmisión en vivo a través del canal oficial del Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal está representado por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, mientras que la querella que representa a la familia de la víctima está a cargo de Pedro Arancibia.

Durante los alegatos, los fiscales realizaron un repaso de la prueba recolectada durante estos ocho años de investigación. Recordaron que Jimena Salas fue asesinada el 27 de enero de 2017 en su casa del barrio San Nicolás, en Vaqueros, en un hecho de violencia extrema que dejó 53 heridas en el cuerpo de la víctima. “La cantidad de lesiones descarta cualquier hipótesis accidental y confirma la saña del ataque”, sostuvo el fiscal Flores.

En el análisis del caso, la fiscal Mónica Poma destacó que la creación de la Unidad Fiscal de Femicidios permitió avanzar en nuevas pericias que vincularon a los hermanos Saavedra con el femicidio. También mencionó que se registraron intimidaciones a testigos durante la investigación, y que la conducta de los acusados —en especial los cambios de apariencia y movimientos de Javier Nicolás Saavedra, hermano fallecido de los acusados— fue clave para entender la planificación del hecho.

La Unidad Fiscal pidió además que se revoque la prisión domiciliaria de los imputados, se los traslade a un establecimiento carcelario y se los inscriba en el Banco de Datos Genéticos, por tratarse de un delito de extrema gravedad. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9:30, cuando se escucharán los alegatos de la querella y la defensa.

El femicidio de Jimena Salas, ocurrido hace más de ocho años, continúa siendo uno de los casos más conmocionantes en la historia judicial de Salta. La sentencia se espera en los próximos días y podría cerrar uno de los capítulos más extensos del sistema penal provincial.

La Cámara de Diputados de la Provincia otorgó media sanción al proyecto del Ejecutivo que crea el FOGASAL (Fondo de Garantías de Salta), una herramienta financiera que busca respaldar a las pequeñas y medianas empresas locales. La iniciativa también incluye la constitución de la sociedad Fiduciaria de Salta S.A.U., encargada de administrar el fideicomiso.

Durante la sesión, la diputada Socorro Villamayor explicó que el FOGASAL será clave para acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas que no logran acceder al sistema crediticio por falta de garantías suficientes. Con este mecanismo, el Estado provincial actuará como aval para los emprendedores que busquen financiamiento para ampliar su producción o incorporar tecnología.

El proyecto establece que el fideicomiso tendrá una duración de 30 años y funcionará dentro de los parámetros del Código Civil y Comercial de la Nación. Según los plazos previstos, la puesta en marcha del FOGASAL se concretaría entre enero y febrero de 2026, tras su constitución formal y aprobación por parte del Banco Central de la República Argentina.

Además, se aclaró que las pymes respaldadas por el FOGASAL no estarán sujetas a las mismas condiciones que los bancos imponen en casos de mora. Será el propio fondo quien asuma el pago de las cuotas impagas, evitando así que las empresas enfrenten sanciones o queden fuera del sistema financiero.

La propuesta fue destacada por distintos bloques como una medida que apunta al desarrollo económico y la reactivación productiva de Salta. “Hoy necesitamos políticas que miren a los pequeños productores y comerciantes, los que sostienen el empleo local”, coincidieron varios legisladores al cierre del debate. El proyecto ahora pasará al Senado para su revisión final.