Actualidad Local

La Justicia de Salta tendrá un régimen especial de funcionamiento durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, luego de que la Corte de Justicia declarara feriado judicial para los días 24 y 31 de diciembre. La medida fue dispuesta mediante la acordada 14545 y establece la suspensión de los términos procesales en todo el ámbito judicial de la provincia.

Desde el Poder Judicial explicaron que la decisión busca armonizar el normal desarrollo de la Justicia de Salta con las celebraciones de fin de año, permitiendo que magistrados, funcionarios y empleados puedan acercarse a sus familias, especialmente aquellos que residen lejos de su lugar de origen.

A pesar del feriado judicial, la Justicia de Salta no quedará completamente paralizada. La acordada contempla la posibilidad de que jueces y responsables de cada dependencia convoquen al personal que consideren necesario para atender tareas indispensables, de acuerdo a las necesidades del servicio y a situaciones urgentes que puedan presentarse.

Este esquema de funcionamiento especial se adoptó en consonancia con el decreto 889/25 del Poder Ejecutivo Provincial, que estableció asueto administrativo para esas fechas. De este modo, la Justicia de Salta se alinea con el resto de los organismos estatales en el marco de las festividades.

Desde el ámbito judicial remarcaron que el sistema de guardias permitirá asegurar la atención de los casos urgentes y sensibles, garantizando que la Justicia de Salta continúe brindando respuestas ante situaciones que no admitan demoras, aun durante los días de feriado.

La Cámara de Diputados vive una de las jornadas más tensas del año, con el Presupuesto 2026 como eje central del debate. En ese contexto, el diputado salteño Bernardo Biella salió a defender el financiamiento universitario y expresó su preocupación por el impacto que tendría un eventual recorte en miles de estudiantes.

El conflicto se profundizó luego de que el oficialismo incorporara al proyecto del Presupuesto 2026 un artículo que propone derogar tres leyes ya aprobadas por el Congreso: la de Financiamiento Universitario, la de Emergencia en Discapacidad y la que garantiza fondos para el Hospital Garrahan. La decisión generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y reavivó la discusión sobre el rol del Estado en áreas sensibles.

En ese marco, Biella tomó la palabra y puso el foco en la educación como herramienta de desarrollo. En declaraciones a InformateSalta, sostuvo que es fundamental “generar conciencia y los fondos necesarios para que nuestros jóvenes puedan estudiar, capacitarse y el día de mañana emprender su propia vida y ser autosuficientes”.

El legislador salteño advirtió que los recortes en el presupuesto universitario afectan de manera directa a los estudiantes del interior, que muchas veces dependen exclusivamente del sistema público para acceder a una carrera profesional. “Sin universidades fuertes, no hay igualdad de oportunidades”, deslizó en su intervención, marcando distancia de los sectores que impulsan la eliminación de partidas específicas.

El dictamen del Presupuesto 2026 obtuvo 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Entre sus principales proyecciones figuran un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal del 1,5% del PBI.

Además del ajuste en educación, el proyecto incluye la eliminación de fondos específicos para el Hospital Garrahan, lo que encendió alarmas tanto en el ámbito sanitario como académico. Mientras el oficialismo busca avanzar con la aprobación, el posicionamiento de Biella refleja el debate abierto dentro del Congreso sobre qué áreas deben ser protegidas en el esquema presupuestario del próximo año.

El Gobierno provincial formalizó un nuevo acuerdo prestacional que busca garantizar la atención médica de los afiliados del IPS, a partir de un trabajo conjunto con el Círculo Médico de Salta. El convenio, rubricado a través del Ministerio de Salud Pública, establece un marco de cooperación por los próximos tres años, con el objetivo de asegurar servicios oportunos, eficientes y seguros en todo el territorio provincial.

Desde el Ejecutivo destacaron que el eje central del acuerdo es el afiliado del IPS, a quien se busca brindar mayor previsibilidad y mejor calidad en la atención. En ese sentido, se remarcó que el fortalecimiento de la obra social provincial permite descomprimir el sistema público de salud y evitar que quienes cuentan con cobertura deban recurrir a hospitales y centros sanitarios destinados a personas sin obra social.

El nuevo entendimiento incorpora herramientas de modernización que impactarán directamente en el funcionamiento del IPS, como la implementación de la credencial digital y el uso de token virtual para validar consultas y prácticas. Este sistema apunta a agilizar los trámites, mejorar el control de las prestaciones y reducir irregularidades, en un proceso de digitalización que se consolidará de manera progresiva.

Otro de los puntos centrales del convenio es el refuerzo de los mecanismos de control y auditoría, que serán compartidos entre el IPS y el Círculo Médico. Las autoridades subrayaron que estas medidas buscan transparentar el sistema, evitar gastos innecesarios y garantizar que las prácticas médicas respondan a criterios de calidad y necesidad real, cuidando tanto los recursos de la obra social como el bolsillo de los afiliados.

Asimismo, el acuerdo establece reglas claras en materia de prescripción de medicamentos, priorizando el uso de genéricos y limitando la indicación por marcas comerciales. Esta decisión, según explicaron, protege la economía del IPS y de sus afiliados, al tiempo que ordena el circuito de prestaciones y evita sobrecostos que impactan en el sistema sanitario provincial.

Desde el Gobierno consideraron que este nuevo convenio marca una etapa superadora para el IPS, al actualizar un esquema prestacional que llevaba más de dos décadas sin modificaciones profundas. Con este acuerdo, aseguraron, se sientan las bases para una relación más equilibrada entre la obra social, los profesionales de la salud y el Estado, con el afiliado como principal beneficiario.