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Un accidente ocurrido en la mañana de este lunes en la Ruta 68, a la altura de Cerrillos, terminó con la muerte de un motociclista tras impactar contra un camión. El siniestro involucró a un vehículo de gran porte y una motocicleta de 110cc, según informaron las autoridades.
Adrián Sánchez, Director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, detalló que personal policial se encuentra inspeccionando la zona y aguardando los resultados del test de alcoholemia al conductor del camión, así como la presentación de la documentación correspondiente del vehículo involucrado.
De acuerdo con testimonios recolectados por un oficial presente en el lugar, el conductor de la moto habría efectuado un giro en U, lo que provocó la colisión con el camión, informó Rosado a El Camión de Germán.
Sobre el uso de casco por parte del motociclista, Sánchez indicó que el elemento de seguridad estaba presente, aunque el impacto fue de tal magnitud que se presume que se habría salido durante el siniestro.
Hasta el momento, no se confirmó la identidad de la víctima, aunque se trata de un hombre joven. Las autoridades mantienen el área bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias del accidente.
La red que organizaba los controles falsos fue desbaratada por orden del juez Guillermo Molinari, tras denuncias de coordinadores de tours de compras; la caída dejó al descubierto una logística que simulaba operativos oficiales para defraudar a los pasajeros.
Los imputados (un gendarme, un policía provincial, un agente federal y un civil) fueron acusados de montar la red en la ruta 16, utilizando uniformes, conos y señalización falsa para detener micros con poca documentación o con mercadería irregular.

Según la causa, los falsos controles exigían pagos a modo de coima a los transportistas de los tours de compras, con la amenaza de secuestrar la carga si no pagaban, una modalidad brutal que alimentó la red de extorsión.
La investigación incluyó cinco allanamientos en localidades como Donadeu, Alberdi, Monte Quemado y Quimilí, donde se secuestraron prendas policiales, chalecos, armas, conos viales, linternas, dinero, teléfonos y otros elementos usados para montar los falsos controles.
El derrumbe de la red representa un golpe fuerte a la impunidad: el entramado de los falsos controles que simulaba vigilancia estatal quedó expuesto, y la Justicia avanza para determinar responsabilidades y posibles vínculos con tráfico de mercadería o drogas.
El Tribunal Judicial Provincial dio a conocer los extensos fundamentos con los que tuvo por acreditado que Javier Nicolás Saavedra fue el autor material del femicidio de Jimena Salas, cometido el 27 de enero de 2017 en Vaqueros. Los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano sostuvieron que la prueba genética, los testimonios y las pericias permiten reconstruir con alto grado de certeza la presencia del imputado en la casa de la víctima y su intervención directa en el ataque.
En su resolución, el cuerpo remarcó que el análisis del femicidio de la joven de Vaqueros debía realizarse de forma integral, aun cuando Saavedra fue sobreseído por fallecimiento. Bajo el principio de unidad de valoración probatoria, los magistrados indicaron que todo el material producido en el juicio oral y público –incluida la conducta de los otros imputados– exige determinar con precisión quién fue el agresor que entró al domicilio, cómo se acercó a la víctima y de qué manera se ejecutó la brutal agresión.

Uno de los ejes de la sentencia es la llamada “historia del perro perdido”. Los fundamentos detallan que, días antes del hecho, un hombre se presentó en viviendas de la zona con un caniche como pretexto para iniciar contacto con mujeres del barrio, presentarse como vecino y ganar confianza. Testimonios de vecinas, fotografías y datos de un número telefónico vinculado a Saavedra fueron valorados como indicios convergentes. A ello se suman los mensajes y audios de su entonces novia, que reconoció similitudes entre el perro de las imágenes del caso y la mascota que compartía con el imputado, así como la coincidencia de fechas y aspecto del animal.
El punto que el Tribunal considera “más concluyente” es la prueba genética levantada en la escena del crimen: pericias del CIF y estudios previos en otro laboratorio determinaron que en 17 muestras –entre restos del celular, picaportes, muebles, piso, acolchados y la remera de una de las hijas– se halló un mismo perfil masculino que coincide científicamente con el ADN de Saavedra. Para los jueces, esto ubica al acusado dentro de la vivienda de Jimena Salas, con contacto físico directo con una de las niñas, al momento del ataque. La autopsia, a su vez, describió más de 50 lesiones, dos armas blancas distintas y un nivel de violencia que el Tribunal calificó como expresión extrema de violencia de género.

Los fundamentos también incorporan la pericia psicológica oficial, que describe en Saavedra rasgos de personalidad psicopática, ausencia de empatía, tendencia a la manipulación y capacidad para sostener un discurso simulador sin culpa. A ello se suman antecedentes de conflictos previos, cambios bruscos de apariencia tras la difusión mediática de las fotos del hombre con el perro y un seguimiento obsesivo del caso en internet y redes sociales. Para los jueces, todo este cuadro confirma que Javier Nicolás Saavedra tuvo un rol protagónico en el femicidio y que su figura es central para reconstruir el hecho, mientras la Unidad Fiscal analiza ahora los fundamentos para definir si recurrirá la absolución por duda dictada a favor de los otros imputados en la causa.
Los avances del proyecto de cobre Taca Taca, fueron expuestos ante la Comisión de Minería del Senado por representantes de la empresa First Quantum Minerals, quienes presentaron las principales características técnicas, ambientales y económicas de la iniciativa que se desarrolla en el salar de Arizaro, en la Puna salteña.
En reunión ampliada, la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado recibió a representantes de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Durante el encuentro se detallaron los aspectos técnicos, ambientales y económicos de la iniciativa, proyectada como un aporte significativo al desarrollo de la provincia y al fortalecimiento de la industria minera argentina.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, Miguel Calabró, junto a los senadores Jorge Soto, Gustavo Carrizo, Leopoldo Salva, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá y Walter Cruz. Por First Quantum Minerals asistieron Keith Green, gerente de Asuntos Públicos para América Latina; Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas; Sueli Tang, gerente de Permisos y Tierras; John Fortuna; Emiliano Framarini y Paula Barbaran.
Green explicó que First Quantum es una empresa minera global, el quinto productor de cobre más grande del mundo, con operaciones en Zambia, Mauritania, Turquía, Australia, Finlandia, España y Panamá, y con proyectos en desarrollo en Perú y en Argentina. Señaló que Taca Taca será el próximo proyecto a desarrollar en el país.
Pérez detalló que la inversión prevista asciende a 3.600 millones de dólares y que el proyecto contempla una vida útil estimada de 32 años, la generación de 4.000 empleos durante la etapa de construcción y 2.000 durante la operación. Agregó que la producción anual estimada será de alrededor de 250.000 toneladas de cobre, con exportaciones promedio de 1.300 millones de dólares y una recaudación fiscal proyectada de 10.000 millones de dólares a lo largo de su desarrollo.
En materia de infraestructura, el proyecto prevé 250 millones de dólares en obras asociadas, incluyendo líneas eléctricas, rehabilitación ferroviaria y tendido de fibra óptica. Según las proyecciones presentadas, Taca Taca podría alcanzar los 3.000 millones de dólares en exportaciones anuales e incrementar en 25% el Producto Bruto Interno provincial.
Pérez destacó que la demanda mundial de cobre podría duplicarse hacia 2035, impulsada por la transición energética, la expansión de las energías renovables y el crecimiento de la inteligencia artificial. Señaló que el cobre es un recurso esencial para estas tecnologías y que, diversificar la matriz minera de Salta con el cobre, es fundamental para el crecimiento económico de la provincia.
Framarini explicó que el uso del recurso hídrico se basará en agua industrial y salmuera no aptas para consumo humano y que el 85% será reutilizada. Subrayó que el proyecto no comparte fuentes de agua con las comunidades locales.
Tang expuso las acciones de sostenibilidad, relación comunitaria y desarrollo de proveedores. Mencionó los programas de consulta previa, libre e informada, así como los de salud, cultura y formación académica que la empresa va implementando con las comunidades del área de influencia.
Green señaló que para avanzar en la etapa de construcción será necesaria la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y de las concesiones de uso de agua, además de completar el proceso de financiación del proyecto. Destacó que la idea es completar esos pasos para poder acceder al RIGI, cuyo plazo vence en julio de 2026.
Ambiente, infraestructura y recursos humanos
Durante la reunión, los senadores realizaron consultas sobre distintos aspectos del proyecto, incluyendo el manejo del agua, energía, infraestructura, empleo, proveedores, planificación territorial y marco legal.
Energía: se prevé construir una línea eléctrica de alta tensión, con una demanda estimada de 200 megavatios para la mina, con energía renovable. Además, se instalará una línea de fibra óptica y existe el compromiso de proveer energía al poblado de Tolar Grande.
Infraestructura y caminos: la conexión vial inicial será por la Ruta Nacional 51, luego por la Ruta Provincial 27 y finalmente un desvío hacia la zona de la mina. Se recuperará el ramal ferroviario para poder sacar la producción por los puertos del Pacífico.
Proveedores y empleo: la empresa indicó que se está generando una base de datos de proveedores locales y se maximizarán las oportunidades de contratación regional. Se están desarrollando convenios con universidades para programas de formación de perfiles técnicos necesarios para la operación.
Marco legal y permisos: se señaló que para iniciar la construcción se requiere la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y de los permisos asociados al RIGI. La empresa valoró contar con licencia social en Salta y con seguridad jurídica para el proyecto.
Planificación territorial y desarrollo regional: se evaluó la necesidad de estrategias de planificación que permitan extender los beneficios del proyecto a los 60 municipios de la provincia.
El encuentro permitió a los senadores conocer los avances del proyecto y reafirmó la colaboración entre la empresa y las autoridades para garantizar un desarrollo minero sostenible y generador de beneficios económicos y sociales para la región.










