Actualidad Nacional

La diputada nacional Marcela Pagano amplió en la Justicia federal la denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió que se investiguen nuevos hechos que, según su presentación, podrían configurar conflictos de interés y posibles irregularidades en el manejo de contratos y licitaciones públicas.

La ampliación del expediente, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, incorpora documentación sobre un contrato firmado entre la consultora +BE -propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni- y la empresa naviera National Shipping SA, una firma proveedora de YPF, compañía en la que el propio funcionario se desempeña como director.

Según la denuncia, la consultora de Angeletti brindó capacitaciones para directivos de la naviera en distintas fechas entre 2024 y 2025 por un total de $ 6.370.000.

Pagano sostiene que ese vínculo podría configurar un conflicto de intereses, ya que National Shipping mantiene contratos con YPF para el transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y recibe pagos de la petrolera estatal.

La ampliación de la denuncia también menciona vínculos comerciales entre la consultora de Angeletti y otras compañías que mantienen negocios con el Estado.

Entre ellas aparece el Grupo Foggia, una empresa que participa en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis por 25 años, licitación que depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Pagano también señala que la consultora tendría entre sus clientes al Grupo Datco, empresa tecnológica que presta servicios a distintos organismos estatales, entre ellos el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, AySA y el Banco Nación.

En paralelo, la denuncia apunta a una licitación para servicios de comunicación digital del Estado por más de $ 3.650 millones, en la que habrían participado empresas con vínculos societarios entre sí.

Según informó la propia diputada nacional a través de sus redes sociales, la ampliación de la denuncia busca que se profundice la investigación sobre movimientos patrimoniales y posibles inconsistencias entre ingresos declarados y bienes registrados. Pagano sostuvo que la presentación incorpora nuevos elementos que, a su criterio, justifican que la Justicia avance con medidas de prueba.

Juan Bautista Mahiques se refirió por primera vez a las nuevas revelaciones del caso $LIBRA que sacuden a Javier Milei. Si bien no dio detalles de la investigación, el ministro de Justicia advirtió: “Es imprudente hablar con liviandad de que el Presidente es culpable de un delito”.

“Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una personas es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”, afirmó el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann por A24.

Luego insistió: “El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política (la que investigó en la Cámara de Diputados) pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”.

El ministro Mahiques fue el primer integrante del gabinete nacional en referirse al caso que investiga si el jefe de Estado participó de una estafa con el lanzamiento de la fallida criptomoneda $Libra, anunciada el 14 de febrero de 2024.

Durante la entrevista, el titular de la cartera de Justicia remarcó que el caso es materia de investigación judicial y qué solo los jueces que abordan y definen el expediente pueden determinar responsabilidades. “Respeto la comisión Libra, que es una comisión como otras (en la Cámara de Diputados). Recuerdo la comisión de juicio político contra la Corte, estuvieron más de un año mancillando el nombre de los jueces de la Corte, no hubo un sólo delito ni condena alguna, y hoy los ministros están cumpliendo su tarea”, señaló Mahiques, recordando el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado en su momento por el ex presidente Alberto Fernández.

“La de Libra es una comisión política, pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, reiteró el funcionario nacional. Sus dichos refieren al informe final, presentado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. En su relato, Ferraro no dudó en atribuirle responsabilidad al presidente Javier Milei en la comisión del delito investigado, junto a otros funcionarios de su gobierno.

Si bien Mahiques evitó en toda la entrevista referirse a las particularidades de la investigación judicial, sí hizo hincapié en que existen dos expedientes en paralelo, uno que investiga el hecho en sí en el que se involucra al presidente Milei, y otro, más reciente, que apunta a descubrir cómo se filtró la información que circuló en los últimos días, que da cuenta de supuestos llamados entre Milei y los presuntos desarrolladores de la fallida criptomoneda, a través del entonces asesor Mauricio Novelli.

“La realidad es que hay una causa por el caso Libra y hay otra que investiga la filtración de información que salió de un organismo, de la Procuración general de la Nación. Se denuncia que habrían accedido al archivo. Una persona no autorizada habría sacado información y se la habría dado a otra. Esa denuncia, es gravísima”, dijo Mahiques.

Luego añadió: “Si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente en el que no debería haberse metido. Si pasó esto puede que no se haya cuidado la cadena de custodia y se puede haber adulterado el archivo”.

De esta forma, el ministro de Justicia sembró dudas sobre cómo las últimas revelaciones podrían terminar impactando en el proceso que afecta al presidente.

“Un dato no menor. La denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el presidente ni ningún ministro, la hizo el Procurador General de la Nación, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)“, subrayó Mahiques en su aparición televisiva.

El caso $Libra recobró actualidad en las últimas horas, a raíz del informa final del comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidente por Ferraro, que reconstruyó el presunto entramado para que el presidente le de difusión a la criptomoneda a cambio de supuestos pagos que totalizaron - según el diputado Ferraro - los 5 millones de dólares: El activo digital recibió abruptamente inversiones minutos después de su lanzamiento y luego se desvalorizó rápidamente, por lo que los inversores perdieron su dinero. /Infobae

Argentina confirmó el primer caso de viruela símica Clado Ib en 2026. Se trata de un hombre de 31 años, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no cuenta con antecedentes de viaje, según informó el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que este subtipo del virus presenta mayor severidad y capacidad de contagio en comparación con otros. “Es importante que los sistemas de salud refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso”, señalaron.

Hasta el momento, en lo que va del año ya se habían confirmado otros cinco casos en el país, correspondientes al clado II: cuatro en CABA y uno en Río Negro. A nivel regional, en 2026 se registraron 14 casos del clado Ib en América: nueve en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil, uno en México y ahora uno en Argentina. Además, se documentó transmisión comunitaria en países europeos como Francia, Portugal y España.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la viruela símica es una enfermedad causada por un virus del género Orthopoxvirus, con dos grandes variantes: el clado I (que incluye el subclado Ib) y el clado II. Este último fue el responsable del brote global registrado entre 2022 y 2023.

En ese contexto, Argentina cuenta con un Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para Mpox 2025-2026, aprobado en febrero del año pasado, que busca fortalecer la detección temprana, el control y la mitigación del virus en todo el país.

La enfermedad puede transmitirse por contacto directo con lesiones en la piel o mucosas, especialmente en situaciones de cercanía física, incluido el contacto sexual. También puede propagarse a través de objetos contaminados, como ropa o sábanas, y por secreciones respiratorias en contactos prolongados. Asimismo, existe riesgo de transmisión de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios, cansancio extremo y dolor de garganta. A esto se suman lesiones cutáneas o mucosas, que suelen aparecer en zonas genitales, anales, faciales o en las extremidades.

El período de incubación varía entre cinco y 21 días, y en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona de forma autolimitada, con una duración de entre dos y tres semanas. Sin embargo, puede presentar complicaciones en personas inmunosuprimidas o con VIH no controlado.

Las autoridades sanitarias recomendaron reforzar la vigilancia ante síntomas compatibles, aislar a los pacientes hasta la curación completa de las lesiones y realizar el rastreo de contactos dentro de las primeras 24 horas, con seguimiento durante 21 días.

Por último, la OMS recordó que existen vacunas específicas para prevenir la enfermedad, cuya aplicación —junto con medidas de detección precoz y aislamiento— resulta clave para contener la propagación del virus.

El ambicioso acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos entró en su fase de definiciones administrativas. En los despachos de Balcarce 50 hay una certeza: el cuerpo principal del entendimiento ya es cosa juzgada, pero la estrategia legislativa está en "pausa" a la espera de documentación técnica complementaria que debe aterrizar desde Washington.

Desde el Ejecutivo explicaron que no se trata de una renegociación, sino de anexos y precisiones operativas indispensables para armar el expediente que llegará a las bancas de Diputados y Senadores. “Necesitamos que lleguen los últimos papeles de Washington”, confió una fuente oficial, marcando que este intercambio definirá el "formato final" del proyecto de ley.

Este mismo esquema de espera rige para la adhesión de Argentina al Consejo de la Paz, la iniciativa internacional liderada por la administración norteamericana que Javier Milei respaldó enfáticamente en sus recientes giras.

Lo que sale por decreto: vía libre a la simplificación

A pesar de la espera legislativa, el Gobierno no planea quedarse de brazos cruzados. En el entorno del Presidente confirmaron que una parte sustancial del acuerdo no pasará por el Congreso y se implementará mediante decretos y resoluciones ministeriales.

Este "trámite corto" incluye:

• Eliminación de barreras no arancelarias: Facilitación del ingreso de productos.
• Reconocimiento mutuo: Validación de certificaciones técnicas y sanitarias.
• Simplificación regulatoria: Menos burocracia para el comercio bilateral.

Donde la gestión libertaria reconoce que habrá una batalla de largo aliento es en el capítulo de propiedad intelectual y aranceles. Estos puntos, que afectan directamente a sectores productivos locales, requieren reformas legales de fondo.

En la Casa Rosada admiten que el tema de las patentes es complejo. Incluso, advierten que el proyecto para adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya tenía media sanción, quedó "viejo". El Gobierno planea enviar un texto reformulado para que encastre a la perfección con las nuevas exigencias del pacto con Estados Unidos. “Lo que tiene que ver con propiedad intelectual va a tardar más”, reconocen puertas adentro.

El factor Corte Suprema de EE. UU.

Para llevar tranquilidad a los sectores industriales, el oficialismo buscó minimizar el impacto del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre aranceles. Aseguran que dicha sentencia es un asunto de consumo interno para la Casa Blanca y su sistema legal, y que en nada modifica las condiciones que Milei firmó con el gigante del norte.

El Gobierno apuesta a que, una vez que lleguen los "papeles" de Washington, el debate parlamentario sea el último sello para una alianza que busca reconfigurar el mapa comercial de la Argentina.