La causa por el triple femicidio de Florencio Varela sigue sumando capítulos oscuros. A diez días del brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), la Justicia avanza con indagatorias, allanamientos y peritajes clave, mientras intenta determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de un crimen que conmociona al país.
Siete detenidos y dos prófugos
Hasta el momento, son siete los acusados por el triple crimen tras las rejas y dos prófugos de peso:
- Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual y líder del clan familiar narco que habría planificado el ataque.
- Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J” y supuesto ejecutor.
Entre los detenidos figuran Ariel Giménez, Víctor Lázaro Sotacuro, Florencia Ibáñez, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Andrés Parra y Daniela Ibarra, con distintos niveles de participación en el triple femicidio que van desde la logística y el encubrimiento hasta la cesión del lugar donde se enterraron los cuerpos.
La pista del video: ¿hubo transmisión en vivo del crimen?
Uno de los ejes más perturbadores de la investigación es la sospecha de que el asesinato fue transmitido en vivo en redes sociales como parte de un mensaje mafioso. La fiscalía busca establecer si existió un link, registro o testigos de esa transmisión, posiblemente realizada por Instagram, Facebook o TikTok.
Expertos señalan que Meta, dueña de dos de esas plataformas, debería resguardar los datos y entregarlos a la Justicia argentina. Además, peritajes sobre los celulares secuestrados podrían ser determinantes si los acusados grabaron o guardaron el video.
En medio de un pacto de silencio, Celeste González Guerrero fue la primera en declarar. Se presentó como arrepentida, aunque evitó dar nombres. Esta semana se espera la declaración de Víctor Lázaro Sotacuro y su sobrina Florencia, señalados por haber escoltado la camioneta que trasladó a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela.
Los investigadores también cuentan con ropa manchada de sangre, celulares y cámaras de seguridad incorporados al expediente. El fiscal Carlos Adrián Arribas tiene un plazo de 30 días para definir si los siete detenidos seguirán bajo prisión preventiva.
Debate judicial y representación de las víctimas
El caso también generó una disputa judicial sobre la competencia. Mientras el abogado Fernando Burlando, representante de dos de las familias, no descarta que la causa pase al fuero federal por el vínculo con el narcotráfico, Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, sostiene que no hay pruebas firmes de esa conexión.
Ambos letrados coinciden en que los próximos peritajes de teléfonos secuestrados y la posible recuperación del video en vivo serán claves para esclarecer el rol de cada acusado.
