El presidente Javier MIlei modificará la práctica tradicional de hablar desde el estrado del recinto de la Cámara de Diputados durante la Asamblea Legislativa, y lo hará, en cambio, desde un atril ubicado para esta ocasión entre las autoridades del cuerpo y las bancas de los legisladores.
En la jornada de este miércoles se colocó el atril en el recinto de la Cámara baja y se realizaron las pruebas de sonido, tarea que fue supervisada por representantes del equipo de Presidencia, informaron fuentes parlamentarias.
La modalidad es disruptiva en relación a las asambleas anteriores, donde el titular del Ejecutivo hablaba desde el sillón de la Presidencia de la Cámara, flanqueado por los titulares de Diputados y del Senado.
El hecho de hacerlo desde el atril de madera, que estará ubicado delante de la mesa de los taquígrafos, implica que el discurso del Presidente será dado de pie, en una novedad que se suma a la del horario.
El Gobierno nacional oficializó el martes la convocatoria a la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional para el viernes a las 21, a diferencia de las clásicas convocatorias que solían hacerse al mediodía.
Una nueva audiencia en el marco del juicio que se sigue por la investigación de la obra pública se realizará este jueves y está previsto que, durante la jornada, los jueces de la Cámara de Casación Penal comiencen a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que los magistrados rechazaran este miércoles las recusaciones planteadas por los abogados de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra un juez y un fiscal.
En tanto, la audiencia se realiza desde las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Este miércoles los jueces de la sala cuarta del tribunal de Casación resolvieron "rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar", según surge del fallo al que accedió Télam, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la expresidenta.
La resolución lleva la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y el propio Barroetaveña.
Foto: Camila Godoy.
La defensa de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había presentado horas antes un escrito de 18 páginas en el que sostuvo que existían "razones objetivas" que "ponen en crisis" la objetividad del fiscal Villar y la imparcialidad del juez Barroetaveña.
Ante ese planteo, la Cámara de Casación respondió: "La circunstancia de haber intervenido en un proceso, en el marco del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales que le imponen al juez el deber de decidir sobre el tema llevado a su conocimiento, así como fue planteada por la defensa, no puede erigirse como causal para el apartamiento del juez, ya que no constituye per se prejuzgamiento".
la exposición de la defensa
En el marco del debate, para el próximo jueves está prevista la exposición de los abogados de la expresidenta, Beraldi y Llernovoy.
Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por "administración fraudulenta agravada" que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
Captura de TV
El lunes pasado, el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.
Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.
En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por "administración fraudulenta".
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que la advertencia hecha por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acerca de que paralizará el envío de petróleo y gas al resto del país si la Nación no le envía fondos coparticipables, representará, en caso de llevarse a cabo, un "ataque a los argentinos".
"Este gobierno no permite más caprichos de ninguna índole", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
El Gobierno Nacional oficializó hoy los importes mínimos y máximos de los haberes jubilatorios que regirán a partir de marzo, que quedaron establecidos en $134.445,30 y $904.689,54 respectivamente.
Así resulta de aplicar el aumento del 27,18% otorgado por el Poder Ejecutivo, incremento al que se sumará el pago de un bono de $70.000 de ayuda económica, de acuerdo con lo anunciado.
"Establécese que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de $134.445,30", indica el artículo 1 de la Resolución 39/2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
En tanto, el artículo segundo consigna que "el haber máximo vigente a partir del mes de marzo de 2024, dispuesto de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417, será de $904.689,54".
El Gobierno nacional dispuso la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que había sido creado durante la administración de Alberto Fernández y destinaba al distrito un porcentaje de recursos coparticipables adicionales que la ciudad de Buenos Aires recibía por el traspaso de la Policía Federal.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el decreto 192/2024, se justificó debido que aquella decisión adoptada durante la pandemia "afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas".
En los considerandos, el Ejecutivo advierte que "ningún Gobierno Nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social tan crítica como la que recibió la actual administración, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas".
En ese marco, añade que "entre otras medidas y con el fin de solucionar la enorme cantidad de problemas derivados de la herencia que la administración saliente dejó a todos los argentinos, es necesario efectuar un ajuste fiscal en el Sector Público Nacional de cinco puntos del PBI y, al mismo tiempo, resolver la situación de los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, los que son responsables de los diez puntos de su déficit".
"En consecuencia, no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas, siendo ello una condición indispensable para la estabilización macroeconómica que requiere nuestro país", remarca luego.
Asimismo, el decreto afirma que "la situación fiscal de las provincias y de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires ha sido menos restrictiva a costa de las transferencias discrecionales que ha realizado el Gobierno Nacional".
"En tal sentido, el mencionado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, afectó los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas, por lo que resulta necesario derogar el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020", concluye la normativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Semanas atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, elevó un reclamo formal al ministro Caputo por el retraso en el envío de fondos a la provincia que superan los 15.000 millones de pesos y solicitó rediscutir una nueva ley de coparticipación, al sostener que "la provincia es discriminada y castigada desde hace décadas en el reparto de recursos".
