A partir de este viernes 22 de agosto, el servicio de transporte público de SAETAen el área metropolitana de Salta no funcionará en horario nocturno.
La medida, anunciada por las empresas concesionarias, responde al atraso en los pagos de SAETA, lo que complica el cumplimiento de compromisos financieros como créditos para renovar el parque automotor y la compra de combustible.
El presidente de la empresa de transporte, Claudio Mohr, aseguró que “la interrupción por ahora se mantiene” y explicó que el atraso se debe a retrasos en la llegada de recursos económicos. “Estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad y garantizar la prestación”, señaló.
Claudio Mohr, presidente de SAETA
En diálogo con InformateSalta, el presidente de SAETA aclaró que la suspensión afectará únicamente al servicio nocturno (0 a 5 hs), que transporta entre 800 y 900 pasajeros, mientras que el sistema diurno continuará funcionando con normalidad.
“Estamos priorizando el menor impacto, que es en el nocturno, no queremos que afecte al horario diurno donde se moviliza el 99% de la gente”, sostuvo.
Finalmente, el titular de SAETA aseguró que no se proyectan aumentos de tarifa: “Ya lo hicimos a mediados de año y no hay planes de otro incremento”, concluyó.
La exdirectora de la Mujer de Tartagal, dos empleadas y el hijo de una de ellas serán juzgados por el delito de concusión. Según la investigación, exigían un “retorno” de 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
La jueza de revisión Mariela Catalano elevó a juicio la causa contra Carla Antonella Cordero —exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad del municipio de Tartagaldurante el mandato de Mario Mimessi—, junto a las empleadas Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, acusadas de concusión agravada.
La investigación sostiene que exigían dinero de forma indebida a beneficiarias del programa Acompañar, financiado por el Estado Nacional. También fue imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, acusado de haber prestado su cuenta bancaria para recibir transferencias ilegales.
Mario Mimessi junto a Carla Antonella Cordero
Cómo operaba la maniobra
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcos Romero, las imputadas pedían 10 mil pesos de “retorno” a mujeres que accedían al plan social en Tartagal. Si alguna se negaba o dejaba de pagar, era dada de baja del programa mediante alteraciones en el sistema.
Las pruebas reunidas incluyen:
Testimonios de beneficiarias que denunciaron la exigencia de pagos.
Transferencias bancarias periódicas a cuentas vinculadas con las funcionarias y con Hurtado.
Denuncias presentadas por concejales de Tartagal, una diputada nacional y otras actuaciones derivadas de medios locales.
La fiscalía consideró acreditado que Cordero, Domínguez y Robles usaron su posición en la Dirección de la Mujer y Diversidad de Tartagal para extorsionar a beneficiarias vulnerables. En tanto, Hurtado, aunque no era funcionario, habría actuado como intermediario, facilitando su cuenta bancaria y cobrando un porcentaje por garantizar acceso al programa a su círculo cercano.
Elevación a juicio y posibles penas
La jueza Catalano rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que las evidencias reunidas son suficientes para llegar a debate oral. La fiscalía adelantó que pedirá penas de hasta cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dado que se trata de delitos contra la Administración Pública.
El caso reviste gravedad institucional, ya que los fondos involucrados provenían del Estado Nacional y estaban destinados a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
Contexto del caso
La causa se inició el 17 de noviembre de 2022 tras la denuncia de una beneficiaria del plan. A partir de allí se sumaron otras víctimas y se involucró al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que aportó la nómina de más de 2.400 beneficiarias en Tartagal. Con informes de AFIP, Banco Central y entidades financieras, la fiscalía corroboró las transferencias irregulares y la operatoria denunciada.
La empresa Contemax, señalada días atrás por su posible responsabilidad en el devastador incendio del asentamiento 20 de Junio, volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser descubierta arrojando residuos en una zona no habilitada del río Arias, al sudeste de la ciudad de Salta.
El hecho ocurrió en la tarde de este martes, cuando inspectores municipales detectaron in fraganti a trabajadores de la firma descargando escombros, filtros de vehículos, tachos de pintura, aceite y basura general en terrenos que no cuentan con habilitación para tal fin.
Durante el procedimiento, que fue constatado por una escribana, se labró un acta de infracción firmada por Miguel Castro, dueño de la empresa y padre de la concejal electa por La Libertad Avanza, quien días atrás había negado cualquier implicancia de la empresa en los hechos recientes.
Vínculos políticos y antecedentes
Contemaxya había sido señalada por vecinos del asentamiento 20 de Junio como una de las responsables de arrojar residuos inflamables en la zona, lo que habría avivado las llamas del incendio que, el viernes pasado, arrasó con 36 casillas y dejó a decenas de familias sin hogar.
A pesar de las declaraciones públicas de la familia Castro desvinculándose de las acusaciones, este nuevo episodio refuerza las sospechas y evidencia una conducta reincidente, lo que eleva el grado de preocupación en torno al accionar de empresas que manipulan residuos peligrosos en zonas urbanas vulnerables.
Desde la Municipalidad advirtieron que este tipo de vuelcos ilegales no solo contaminan el ambiente, sino que también generan focos infecciosos y se convierten en material combustible ante cualquier foco ígneo, como el que causó la reciente tragedia.
La Municipalidad de Saltaavanza con medidas más duras contra quienes arrojen residuos en la vía pública. La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, advirtió en diálogo con “No es una tarde cualquiera” por Aries que se aplicarán sanciones de hasta 2 millones de pesos, además del secuestro de los vehículos utilizados en la generación de microbasurales.
Arias señaló que la Municipalidad de Salta ya tiene identificados 114 puntos crónicos de microbasurales, además de los denunciados por vecinos mediante registros fílmicos y fotografías. “Cuando contamos con la patente o algún dato de identificación, se procede a la infracción correspondiente y a la aplicación de multas que marca la ordenanza”, explicó la funcionaria.
El Intendente Emiliano Durand había adelantado que, a partir de ahora, los operativos se realizarán con mayor severidad. En ese marco, Arias detalló que la Policía Rural participa en los procedimientos, dado que tiene la facultad de secuestrar los vehículos involucrados.
La subsecretaria explicó que la Municipalidad de Saltano solo aplica sanciones por la ordenanza ambiental vigente, sino que también recurre a figuras contempladas en la Ley de Tránsito que habilitan a retirar los autos sorprendidos arrojando residuos. “El intendente fue claro: los vehículos serán secuestrados cuando se los detecte tirando basura”, afirmó.
Finalmente, Arias resaltó el gasto de recursos que implica el levantamiento constante de desechos en los puntos más conflictivos. Según indicó, las sanciones se calculan en unidades tributarias y actualmente van desde los 200 mil hasta los 2 millones de pesos.
En medio de un intenso debate, el Gobierno de Salta ratificó que continuará con el cobroa ciudadanos extranjeros por la atención médica en hospitales públicos, incluyendo partos, cesáreas e internaciones neonatales. La decisión se enmarca en una estrategia para proteger los recursos del sistema sanitario provincial.
Según autoridades sanitarias, se trata de una medida para frenar el "tour sanitario", una práctica por la cual ciudadanos de países vecinos llegan a Salta exclusivamente para recibir atención médica gratuita, generando un fuerte impacto en la capacidad del sistema. El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, sostuvo que muchos pacientes “se subían a una combi, recibían atención, y se iban sin dejar ningún aporte económico”.
El Gobierno provincial informó que los costos para extranjeros no residentes rondarán los $500.000 para un parto natural, $655.000 para una cesárea, y $350.000 diarios en casos que requieran terapia neonatal. También se estipuló un valor de $95.000 por día de internación general.
La medida generó controversia entre comunidades extranjeras, particularmente entre ciudadanos bolivianos y paraguayos, que históricamente acudieron a hospitales salteños. No obstante, desde la gestión aseguran que el cobrobusca garantizar la sostenibilidad del servicio y priorizar la atención de los salteños con residencia legal.
Mientras tanto, el tema sigue generando repercusiones sociales y políticas en una provincia que convive cotidianamente con el tránsito fronterizo, y en la que la atención sanitaria a extranjeros ha sido parte de su dinámica habitual.
