El sistema público de salud de Salta atraviesa una situación crítica: según estimaciones oficiales, las obras sociales deben a la Provincia unos $100 mil millones por la atención de afiliados en hospitales públicos. Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública impulsa una batería de medidas para el recupero de los costos hospitalarios, incluyendo acciones judiciales y la creación de un área específica para el cobro de las deudas.
“Estamos hablando de una cifra que representa casi el 80% del presupuesto del sistema de salud”, explicó el ministro Federico Mangione, al detallar los avances en el armado de un esquema legal y administrativo que permita al Estado salteño reclamar los montos adeudados por las prestadoras de salud.
El problema radica en que muchos pacientes con cobertura médica recurren al sistema público debido a deficiencias en la atención del sector privado o directamente por la negativa de las empresas a cubrir prestaciones. Esta situación, según el titular de la cartera sanitaria, genera una sobrecarga insostenible en hospitales y centros de salud, afectando los recursos disponibles para quienes realmente dependen del Estado para acceder a atención médica.
Mangione adelantó que ya se está trabajando con un equipo de abogados que iniciará gestiones formales, y no descartó recurrir a embargos bancarios contra las obras sociales si no se obtienen respuestas por vías administrativas. "Vamos a hacer lo que sea necesario porque esto es dinero de todos los salteños", enfatizó.
El proyecto para encarar esta problemática recibió un impulso legislativo la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados provincial aprobó una ley que habilita el cobro judicial, con plazos establecidos para reclamar deudas vencidas. “El paso siguiente será la promulgación. Después, nos tocará a nosotros poner en funcionamiento la ley”, agregó el ministro, quien también anunció la creación de una oficina dedicada exclusivamente al recupero de fondos.
En cuanto a obras sociales específicas, Mangione aclaró que el IPS se encuentra bajo un proceso de intervención con auditorías internas, y que el PAMI también mantiene deudas importantes. “Esperamos que el cambio de autoridades traiga mejoras. La salud no puede esperar”, subrayó.
En paralelo, los gerentes de los principales hospitales provinciales revelaron que entre un 30% y un 40% de los pacientes que atienden tienen obra social, lo que dimensiona el desfasaje que afronta la salud pública al cubrir prestaciones que, en teoría, deberían ser asumidas por el sistema privado.
