El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, ha manifestado su firme oposición a la estrategia adoptada por el Gobierno de Javier Milei para llevar a cabo auditorías a personas con discapacidad en comunidades originarias. El desacuerdo surge de la imposición de traslados extensos para evaluaciones, afectando especialmente a pacientes de zonas geográficamente aisladas.
El funcionario salteño ilustró la problemática con un ejemplo concreto: un paciente residente en Los Toldos debía recorrer 900 kilómetros hasta Santa Victoria Oeste para someterse a la auditoría. Esta situación, según el ministro, evidencia una profunda falta de comprensión de la realidad territorial y las dificultades logísticas que enfrentan estas comunidades.
El titular de la cartera sanitaria provincial criticó la aparente ignorancia de las autoridades nacionales sobre la geografía salteña. "Comprendo que la gente no sabía ni dónde quedaba Los Toldos, no tenía idea cómo era Santa Victoria Oeste. No sabían cómo es el terreno, ellos piensan que tenemos autopista por todos lados", lamentó Mangione.
Gracias a las gestiones realizadas por el gobierno provincial, se logró una suspensión temporal de las auditorías, motivada por la reciente catástrofe natural que azotó la región. En este sentido, Federico Mangione aclaró que la objeción no radica en la realización de auditorías en sí, sino en la metodología empleada, que ignora las particularidades del territorio y las necesidades de las poblaciones vulnerables.
Además, resaltó la crucial intervención de Gustavo Sáenz para frenar lo que consideró un grave problema. "La semana pasada logramos frenar un gran problema por intervención también del gobernador que estuvo haciendo las tratativas", afirmó Mangione, subrayando el compromiso de la actual gestión con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
En concreto, la controversia pone de manifiesto la importancia de adaptar las políticas públicas a las realidades locales, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables que enfrentan barreras geográficas y socioeconómicas. La búsqueda de soluciones equitativas y respetuosas con la diversidad cultural y territorial debe ser una prioridad para garantizar el acceso a los derechos de todos los ciudadanos.
