La jueza Julieta Makintach, encargada del juicio por la muerte de Diego Maradona, se encuentra en una situación crítica debido a la aceleración del proceso de jury en su contra. La magistrada enfrenta tres solicitudes de enjuiciamiento, con la posibilidad de que se presenten dos más en las próximas horas. La seriedad de las acusaciones ha llevado a la Suprema Corte a suspenderla por 90 días, lo que aumenta la presión sobre su futuro en el sistema judicial.
Las investigaciones sobre la conducta de la magistrada comenzaron el 16 de mayo por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, luego de una denuncia presentada por las hijas de Diego Maradona. Además, la jueza enfrenta una causa penal relacionada con la grabación de un documental sobre el juicio, lo que ha generado fuertes críticas y dudas sobre su imparcialidad.
Entre las denuncias presentadas contra la magistrada, destaca la de Julio César Coria, ex empleado del Servicio Penitenciario Federal y ex custodio del fallecido astro argentino, quien la acusó de llevar a cabo actividades incompatibles con la dignidad de su cargo y de cometer graves irregularidades en los procedimientos a su cargo. Coria, quien testificó en el juicio, fue arrestado posteriormente, lo que ha generado sospechas sobre las acciones de la jueza.
Por su parte, diputados de La Libertad Avanza también presentaron una denuncia contra Makintach, acusándola de una posible conexión con la presencia de las personas que grabaron el documental. Los legisladores argumentan que la jueza incurrió en incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, realización de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo impone, y comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo.
El abogado Gastón Marano, defensor del ex custodio de Diego Maradona, cree que la jueza no fue imparcial para añadir contenido al documental. "Acá lo grave es que se sospecha que Makintach le puso picante a sus decisiones para sumar al guion del documental", comentó una fuente judicial a TN. Esta sospecha añade una capa adicional de controversia al caso.
Ante la inminencia del jury y la posibilidad de ser destituida, la jueza está considerando la opción de renunciar antes de que comience el proceso. Esta decisión podría evitarle el juicio político, pero no la eximiría de las responsabilidades legales que pudieran surgir de las investigaciones en curso.
