El hospital Melchora Figueroa de Cornejo, de Rosario de la Frontera, deberá afrontar una deuda de más de medio millón de pesos por una mala praxis ocurrida hace diecisiete años.
Según la demanda, la mala praxis se dio cuando la doctora Liliana Gamietea al atender al paciente José Puentes le indicó una penicilina inyectable cuando el hombre era alérgico a la misma. A los días falleció en el hospital San Bernardo, al cual fue derivado en código rojo. A raíz de la deuda y en plena pandemia corre riesgo el pago a los profesionales y las compras de insumos y oxígenos para la institución.
En relación con lo sucedido, el actual gerente del hospital, Alejandro Peso, manifestó que “lamentablemente hemos sufrido un embargo por una causa generada en 2004 por una mala praxis en perjuicio de una persona de la comunidad”.
“Al iniciar nuestra gestión generamos una asesoría legal para afrontar este tipo de cuestiones que siempre suceden en las instituciones y, lamentablemente, nos dimos con la sorpresa de estar ante una situación adversa ya muy avanzada en la parte legal”.
En cuanto a la causa que generó dicha deuda, el gerente indicó que “en el año 2004 se cometió una negligencia en el hospital por parte de la gerencia de turno, la cual nunca se presentó a declarar”.
“Como hospital nunca se dio respuesta a los distintos oficios que envió la familia, hoy estamos ante una situación irreversible de un embargo por más de medio millón de pesos, pagando las costas de algo que no tiene que ver con esta gestión”, dijo el profesional.
Peso aseguró que “es una situación triste porque impacta negativamente en lo que es el día a día del hospital, los pagos al personal y la compra de los insumos que necesitamos”.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Salud de la Provincia ya tomó conocimiento del embargo y detalló que la reacción del ministro Esteban fue en un primer momento de desagradable sorpresa, ya que no podía dar crédito ante lo que se encontraba, “dado que el hospital cayó en la bajeza de ser declarado rebelde por la Justicia”.
“Lamentablemente el ministerio no puede afrontar esto porque, al ser declarado rebelde el hospital, se lo tomó como una entidad autárquica y tendremos que afrontar esto nosotros solos. Esta situación es muy desagradable ya que daña mucho a la institución y a la comunidad en general. Realmente nos cuesta creer que tengamos que pasar por esto”, lamentó indignado.
Una posible solución
Sobre lo que sigue, Peso expresó que “a través de la asesoría legal estamos tratando de contactar con la parte acusadora para llegar a un acuerdo, siempre con la intención de pago porque ya estamos en la instancia que hay que pagar”.
“Mostrando nuestra intención de pago, la idea es que no nos impacte tan negativamente, por eso veremos la forma de buscar algún plan de pago”, agregó el médico.
“Realmente es de extrema gravedad que haya sucedido esto, habla de la inoperancia de una gestión o de mala voluntad porque se resguardó a la persona que estaba al frente del hospital y dejó a la buena de Dios lo institucional y así quien se perjudica es todo el hospital”. Por otro lado, expresó que “el ministerio deberá tomar cartas en el asunto porque esto impacta negativamente, teniendo en cuenta la gravedad de la situación por la pandemia”.