La causa que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada dio un nuevo giro judicial tras la condena de dos de sus ex empleados. Ambos fueron hallados culpables como partícipes secundarios del delito de intimidación pública por una campaña en redes sociales. El caso fue impulsado por la fiscalía especializada en ciberdelitos luego de detectar la difusión de múltiples videos ofensivos. Las piezas estaban dirigidas a empresarios, periodistas y dirigentes políticos.
El material en cuestión fue producido y difundido por Florencia Arias Bustamante y Alonso Allemand, empleados del Congreso durante la gestión de Emiliano Estrada. Según se desprende de las investigaciones, ambos reconocieron haber actuado siguiendo instrucciones directas del legislador. La maniobra incluyó la creación de perfiles falsos para hostigar a figuras públicas.
El juicio abreviado fue llevado adelante ante el Juzgado de Garantías de 7ª Nominación, donde se dictó una pena de un año y cuatro meses de prisión condicional. También se les impuso la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos. En el proceso se presentó evidencia digital obtenida en los allanamientos realizados en los domicilios de los condenados. No se realizó ningún procedimiento similar en el domicilio del legislador salteño.
A pesar de que los testimonios señalan directamente a Emiliano Estrada como el autor intelectual de la campaña, su situación penal no avanzó. El legislador aún se encuentra amparado por los fueros parlamentarios, los cuales vencen en diciembre. La causa en su contra fue remitida a la Justicia Federal, donde el expediente permanece sin novedades significativas.
El fallo marca un precedente en la investigación sobre el uso de recursos estatales para campañas de difamación en redes sociales. La pena impuesta a los colaboradores del legislador deja abierta la discusión sobre las responsabilidades políticas y judiciales pendientes.
