En 2025, Salta se enfrenta a un fuerte ajuste en las tarifas eléctricas como parte de la reestructuración nacional de subsidios energéticos acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida impactará de forma directa en los sectores de ingresos medios, que quedarán expuestos a aumentos superiores a los previstos inicialmente.
El Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta alertó que la inflación real —3,7% en marzo y 2,8% en abril— superó ampliamente la estimación oficial del Gobierno nacional, que preveía un alza anual del 1% en el costo de la energía. Esta diferencia obliga a recalcular los valores tarifarios, generando un escenario más crítico para los usuarios residenciales.
El nuevo esquema de segmentación tarifaria ya excluyó del beneficio a los hogares con ingresos superiores a tres millones de pesos mensuales. Ahora, la atención se centra en las familias que perciben entre 900.000 y tres millones de pesos, con consumos de hasta 250 kWh mensuales. Este segmento representa el mayor número de usuarios en la provincia y será el más afectado por la quita progresiva de subsidios.
Además del incremento en las tarifas eléctricas, se suma una serie de deficiencias en la implementación del sistema. Una de las principales críticas apunta al mecanismo de inscripción digital para conservar los subsidios, que requiere acceso a internet. En Salta, el 42% de la población no cuenta con conectividad fija, lo que deja fuera del sistema a numerosas localidades rurales como Iruya o Santa Victoria.
La falta de campañas de concientización sobre el uso racional de la energía y la escasa información oficial sobre los cambios también generan incertidumbre y malestar entre los usuarios. Desde el Ente Regulador salteño se denunciaron fallas estructurales en el sistema de segmentación, que presume riqueza en zonas rurales empobrecidas, sin considerar indicadores sociales y territoriales.
El panorama energético para 2025 en Salta se presenta complejo. La combinación de aumentos tarifarios, eliminación de subsidios, exclusión digital y ausencia de estrategias informativas amenaza con profundizar las desigualdades existentes en el acceso a servicios esenciales como la energía eléctrica.
