La Municipalidad de Salta formalizó el marco normativo para el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, como Uber y Cabify, a través de la reglamentación de la Ordenanza Nº 16.377. El decreto, firmado por el intendente Emiliano Durand, establece una serie de requisitos, controles y obligaciones tanto para las empresas como para los conductores, con el objetivo de garantizar la seguridad, la eficiencia y la equidad en el sistema de transporte.
La normativa considera al servicio de movilidad para usuarios de plataformas digitales de transporte (SeMUPDiT) como un servicio privado de interés público, lo que habilita al Estado a fijar condiciones y ejercer poder de policía sobre su operación. Entre los aspectos más relevantes, se exige a las plataformas habilitarse ante la Municipalidad, presentar documentación legal, protocolos de seguridad integrados al 911, planes de reclamos y sistemas de evaluación y verificación de identidad.
Los conductores que deseen prestar servicio deberán contar con licencia profesional, experiencia mínima, certificado de antecedentes penales, título del vehículo, seguro obligatorio y libre deuda. Además, deberán operar exclusivamente a través de cuentas propias en plataformas habilitadas, bajo pena de suspensión o inhabilitación. Los vehículos, por su parte, deberán tener una antigüedad máxima de 15 años (10 para motos), revisión técnica vigente y un código QR identificatorio.
La autoridad de aplicación realizará inspecciones periódicas, aleatorias y programadas, incluyendo la revisión de dispositivos móviles para detectar usos indebidos de cuentas. El decreto establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que van desde la suspensión de la habilitación hasta la revocación definitiva del permiso para operar con UBER, Cabify o DIDI. La reglamentación ya está vigente y será implementada por las secretarías de Tránsito y Seguridad Vial, Legal y Técnica y Jefatura de Gabinete.
Con esta nueva regulación, Salta busca modernizar su sistema de transporte, adaptándose a las nuevas tecnologías y garantizando la convivencia entre los diferentes actores del sector. Se espera que la implementación de la normativa contribuya a mejorar la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios y la transparencia en las operaciones.
