El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó este lunes una recompensa millonaria para capturar a Matías Ignacio Gazzani, señalado como jefe de la banda narco-criminal “Los Menores”, una de las organizaciones delictivas más peligrosas de Rosario. La cifra establecida asciende a $ 60.000.000, destinada a quienes aporten datos certeros que conduzcan a su ubicación y detención.
La medida quedó plasmada en la Resolución 2181/2025, publicada en el Boletín Oficial provincial. El anuncio se produce pocos días después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación lanzara una recompensa de $10 millones por la misma causa. Con esta nueva decisión, la búsqueda del prófugo se convierte en una prioridad máxima tanto para las autoridades provinciales como nacionales.
Gazzani, nacido el 15 de febrero de 1996, es buscado desde el 22 de febrero de 2024, en el marco de la causa CUIJ N° 21-09109308-9, caratulada como “Gazzani, Matías Ignacio y otros s/ asociación ilícita”. La investigación está a cargo de la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios Dolosos de Rosario.
Además de ser considerado el líder de Los Menores, Gazzani enfrenta dos órdenes de captura vigentes, una de ellas emitida recientemente en mayo de 2025. Se lo vincula con delitos de narcotráfico, homicidios y asociación ilícita, incluyendo su presunta participación en el asesinato del exbarrabrava Andrés "Pillín" Bracamonte.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la identidad de quienes colaboren será protegida en todas las instancias del proceso: antes, durante y después de la investigación. Esto busca garantizar la seguridad y confidencialidad de los informantes.
El documento oficial describe al fugitivo con contextura delgada, 1,72 metros de altura, cabello oscuro y lacio, ojos oscuros y orejas prominentes con perforaciones en ambos lóbulos. Su última localización conocida lo vinculaba a movimientos dentro de Rosario, en especial en el barrio 7 de Septiembre y zonas aledañas, bastión de la banda que lidera.
“Los Menores”, según investigaciones previas, operan como una estructura violenta, con ramificaciones en el mercado ilegal de estupefacientes, además de estar implicados en hechos de sicariato, amenazas y extorsiones. La justicia considera que la organización mantiene un férreo control territorial, lo que dificulta su desarticulación sin colaboración ciudadana.
Mientras se refuerzan los operativos en zonas críticas, desde la Fiscalía reiteraron que toda información útil puede canalizarse a través de líneas telefónicas confidenciales o presentaciones formales ante organismos judiciales o policiales.
La recompensa de $ 60 millones representa una apuesta firme del Estado provincial por lograr la captura de uno de los prófugos más buscados del crimen organizado en Santa Fe. La presión judicial y política sobre el entorno de Gazzani se intensifica, en lo que podría ser el capítulo decisivo para desarticular la cúpula de “Los Menores”.
El Gobierno decidió mantenerse en silencio de manera pública ante las imágenes de las valijas que transportó un jet privado de Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi e intermediario entre Javier Milei y Donald Trump, y que no fueron controladas por la Aduana.
En Casa Rosada se enfocaron en los anuncios de Federico Sturzenegger y evitaron pronunciarse en público sobre el avión.

La lista de irregularidades que encontró la Justicia
El vuelo de Royal Class ingresó al país el 25 de febrero, y se fue el 5 de marzo. Pero habría presentado varias irregularidades, según los fiscales.
En el dictamen se manifestó que los pasajeros del jet privado no pasaron por los controles de equipaje, y solo declararon cinco de las 10 valijas que trajeron a la Argentina. Tampoco hubo registros de control continuo del avión mientras estuvo en el hangar de Aeroparque.

Asimismo, se encontraron inconsistencias en los registros migratorios de tripulantes y pasajeros en el vuelo de entrada y salida. Se decía que venía de Fort Lauderdale (KFLL), pero en realidad partió de Opa-locka (KOPF). Lo mismo ocurre el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indica que se dirigió con destino a Fort Lauderdale, Estados Unidos, en realidad el vuelo fue a París, con escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España.
Otra de las fallas encontradas se basa en que en ANAC no registró al avión. /TN
La Policía Federal Argentina desmanteló en las últimas horas un establecimiento ubicado en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, conocido como el “Nuevo Cine de Ciudadela”, en el marco de una investigación por presunta explotación sexual. El operativo fue resultado de una denuncia presentada ante la Municipalidad de Tres de Febrero y contó con la participación de la Fiscalía N°14 y la División de Trata de Personas.
El procedimiento se realizó en un edificio de dos plantas situado sobre la Avenida Maipú al 12300, frente a la estación del tren Sarmiento. Según informaron fuentes oficiales, en el lugar se proyectaban películas pornográficas en una sala con butacas de madera y una pantalla de cine, y luego se ofrecían servicios sexuales, presuntamente bajo condiciones de explotación.
Durante el allanamiento, las autoridades rescataron a varias personas transgénero que se encontraban trabajando en condiciones calificadas como precarias. Las investigaciones apuntan a que el local funcionaba con estas características desde hacía al menos una década.
El operativo fue solicitado por la Municipalidad de Tres de Febrero, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación. La intervención respondió a reiteradas denuncias de vecinos, quienes desde hace años manifestaban su preocupación por el funcionamiento del cine y por actitudes sospechosas observadas en sus inmediaciones.
A raíz del procedimiento, fueron detenidas personas señaladas como responsables del establecimiento. El inmueble fue clausurado y quedó bajo la custodia del gobierno municipal.
“Hace tiempo que venimos trabajando con la Justicia para cerrar este lugar y hoy lo hemos conseguido”, expresó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien calificó el cierre como una respuesta a una demanda histórica de los vecinos de la zona.
¿Cuáles son los motivos del fiscal para pedir el traslado?
El fiscal general Mario Villar fundamentó su pedido de cambio de domicilio para el arresto en dos razones centrales. La primera se enfoca en el “riesgo de seguridad de la condenada”. Villar sostuvo que las apariciones de Cristina Kirchner en el balcón de su departamento, ubicado en un segundo piso en la calle San José 1111, la exponen a un peligro innecesario.
El fiscal recordó también el antecedente del intento de magnicidio que sufrió y señaló que su custodia ya demostró ser ineficaz para prevenir un ataque de esa naturaleza.
El segundo motivo se relaciona con la alteración de la tranquilidad del barrio de Constitución. El fiscal mencionó las constantes manifestaciones de militantes, los problemas de higiene derivados y los recurrentes llamados de los vecinos al servicio de emergencias 911.
Qué argumenta la defensa para permanecer en Constitución
El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, rechazó de plano la posibilidad de un traslado. Sostuvo que la elección de la propiedad de la calle San José no es arbitraria, sino que “es el domicilio que le corresponde”, ya que Cristina Kirchner reside allí desde 2022.
El letrado desacreditó un informe de la Procuración de la Ciudad que advertía sobre las molestias al vecindario. Afirmó que las manifestaciones ya no ocurren y que, por el contrario, la seguridad en la zona mejoró.
Beraldi enfatizó que la condición de condenada no puede anular su vida social y familiar. Argumentó que su edad, 72 años, y su condición de mujer son factores que justifican el cumplimiento de la pena en su hogar, una postura que, recordó, el propio juez Gustavo Hornos defendió en recomendaciones sobre la ejecución de penas.
Por qué el abogado de la expresidenta pide que le quiten la tobillera electrónica
La defensa calificó el uso del dispositivo electrónico de control como una medida innecesaria y con una clara “implicancia simbólica para molestarla y humillarla”. Beraldi fue tajante al respecto: “Pensar que Cristina se va a escapar es una burla”. Subrayó que la exmandataria es “una de las personas más conocidas del país” y que cuenta con una custodia policial permanente las 24 horas.
Para el abogado, el único propósito de la tobillera no es evitar una fuga, que considera improbable, sino funcionar como un “mecanismo innecesario y burdo” con fines de hostigamiento.
Cómo funciona el régimen de visitas y por qué se pide anularlo
Otro de los puntos centrales del reclamo de la defensa fue la anulación del actual régimen de visitas. Actualmente, solo su familia, abogados, médicos y custodios pueden ingresar al domicilio sin autorización previa. Cualquier otra persona debe solicitar un permiso especial y motivado al Tribunal Oral Federal N°2.
Beraldi argumentó que esta regla es inédita y “carece de base legal”. Cuestionó con qué criterio los jueces podrían aprobar o denegar una visita, ya que no existe una ley que regule esa facultad. Sostuvo que la norma es de cumplimiento imposible y deja la decisión en manos de la total discrecionalidad del tribunal.
La respuesta del fiscal a los pedidos de la defensa
Frente a los planteos de Beraldi, el fiscal Villar defendió la legalidad de las medidas vigentes. Sobre el régimen de visitas, afirmó que es una limitación razonable y análoga a la que rige para los presos en las cárceles, quienes también deben solicitar permisos. Sostuvo que las personas condenadas tienen una expectativa de privacidad menor que el resto de los ciudadanos.
Villar también fue contundente respecto al uso de la tobillera. Recordó que la ley de ejecución penal establece que se “exigirá” el uso de un dispositivo electrónico de control en casos de arresto domiciliario. Indicó que el tribunal no tenía otra opción más que imponerla. /La Nación







