Los Tribunales de La Plata se preparan para una audiencia clave que definirá el futuro de la jueza Julieta Makintach, envuelta en una polémica por su presunta participación en la filmación no autorizada del documental "Justicia Divina", relacionado con el caso de la muerte de Diego Maradona. La magistrada enfrenta un pedido de juicio político impulsado por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien la acusa de mal desempeño y una serie de irregularidades durante su participación en el proceso judicial.
La audiencia, que tendrá lugar en el anexo del Senado de La Plata, marcará el inicio del proceso de evaluación de la competencia del jurado de enjuiciamiento, compuesto por cinco jueces titulares y tres suplentes. En un plazo de aproximadamente una hora, los magistrados deberán analizar las pruebas y denuncias presentadas para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con el juicio político contra Makintach. La decisión del jurado será determinante para el futuro de la jueza y su continuidad en el cargo.
Las acusaciones en su contra son graves y abarcan una serie de presuntas irregularidades durante su participación en el juicio por la muerte del exfutbolista argentino. Entre los cargos más destacados se encuentra el haber asumido indebidamente la presidencia del Tribunal Oral N°3 de San Isidro, arrogarse funciones que no le correspondían y permitir el ingreso de cámaras a los tribunales el día anterior al inicio del proceso judicial para grabar una entrevista. Estas acciones, según el procurador Conte Grand, constituyen un claro ejemplo de mal desempeño y abuso de poder.
Sin perdón de Dios
La filmación del documental "Justicia Divina" fue el detonante del escándalo que rodea a la jueza Makintach. La producción, que no contaba con la autorización correspondiente, habría accedido a información confidencial y material reservado del caso Maradona, generando una fuerte controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en el proceso judicial.
En caso de que el jurado se declare competente, la jurista deberá presentarse para dar inicio al juicio político, donde tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones y presentar sus argumentos. El proceso se llevará a cabo en el ámbito del Senado bonaerense y contará con la participación de legisladores y representantes de la Justicia. La decisión final sobre la destitución o absolución de la jueza recaerá en el Senado, que deberá evaluar las pruebas y testimonios presentados durante el juicio.
