La aprobación del Presupuesto 2026 en General Güemes enfrenta un escenario incierto para Carlos Rosso, tras la reciente sesión del Concejo Deliberante. Lo que en principio se esperaba como un trámite rutinario para cerrar el año se transformó en un debate político complejo, luego de que tres concejales expresaran su rechazo al proyecto presentado por la gestión municipal.
Para que el Presupuesto se apruebe sin modificaciones, la normativa vigente establece que el oficialismo debe contar con una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Con un cuerpo de nueve concejales, esto implica alcanzar al menos seis votos a favor. En la votación de esta semana, el Ejecutivo logró el mínimo requerido, pero la firme oposición de tres ediles deja en evidencia una división que podría complicar la sanción definitiva. Cualquier ausencia o cambio de postura en las próximas sesiones podría derivar en la extensión del presupuesto anterior o en ajustes obligatorios al proyecto original.

El debate se centró también en la supervisión de las cuentas municipales. Los concejales opositores sostuvieron que el análisis realizado por el contador del municipio no garantiza la imparcialidad necesaria para que el Concejo cumpla su función de control. Por ello, solicitaron la contratación de un profesional externo que audite las partidas y brinde una revisión independiente. "No podemos ser jueces y parte; necesitamos una mirada técnica que no dependa directamente del Intendente", indicaron fuentes cercanas al bloque opositor.
El retraso en la aprobación del Presupuesto podría tener implicancias concretas para la gestión municipal de General Güemes. Trabajar con un plan prorrogado limitaría la capacidad del Ejecutivo para actualizar partidas frente a la inflación proyectada para 2026, ejecutar nuevas obras públicas o ajustar salarios del personal municipal, ya que los montos quedarían fijados según los valores del ejercicio anterior.
En los próximos días, se espera que el Ejecutivo busque una mesa de diálogo con los concejales disidentes, con el objetivo de definir si se permitirá la revisión externa de las cuentas o si se realizarán modificaciones en las partidas presupuestarias para asegurar los votos necesarios y garantizar la sanción final del proyecto.











