El escándalo del criptoactivo $LIBRA, promovido por el presidente Javier Milei en sus redes sociales y que terminó en un desplome de su cotización con pérdidas millonarias para pequeños inversores, sumó un nuevo capítulo explosivo: la justicia de los Estados Unidos ordenó el congelamiento de casi 60 millones de dólares en criptoactivos pertenecientes a Hayden Mark Davis, un empresario norteamericano investigado por lavado de dinero y fraude.
La medida fue ejecutada por una reconocida plataforma de criptomonedas (cuyo nombre se mantiene en reserva) que colaboró con las autoridades judiciales norteamericanas para bloquear dos billeteras virtuales asociadas a Davis. Se trata de un paso clave dentro de una pesquisa que lleva meses rastreando operaciones financieras presuntamente ilegales relacionadas a $LIBRA, a través de transacciones en la red blockchain.
Según trascendió, al menos la mitad de los activos digitales de Davis aún no han sido localizados, lo que complica la tarea de los investigadores. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas, sumado al alto grado de anonimato que ofrecen, representa un desafío significativo para los organismos judiciales internacionales.
Un caso que salpica al Gobierno argentino
A pesar de la magnitud del escándalo, el Gobierno argentino disolvió hace apenas 10 días la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada específicamente para recabar información sobre el caso $LIBRA. La UTI, que dependía del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona, fue constituida en febrero tras la difusión del token por parte del propio Milei, y duró menos de tres meses. El decreto que cerró el equipo aseguró que "la tarea fue cumplimentada" y que la información ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, la justicia local mantiene activa la investigación, bajo secreto de sumario, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Servini. En ese marco, se solicitó información al Banco Central y a otros organismos sobre el estado patrimonial del presidente Javier Milei y de su hermana, Karina Milei, titular de la Secretaría General de la Presidencia.
Ambos figuran en una causa penal en la que se los investiga por posibles delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, vinculados a la difusión del criptoactivo que luego colapsó en el mercado.
Servini dictó una inhibición de bienes por 90 días para los principales imputados en la causa: Mauricio Novelli (empresario ligado al mundo cripto con vínculos cercanos al presidente), Sergio Morales (exasesor de la Comisión Nacional de Valores) y Manuel Terrones Godoy, cofundador de Tech Forum. La medida también afecta a familiares directos.
Una de las pruebas más contundentes que maneja la Fiscalía son imágenes de cámaras de seguridad del Banco Galicia en Martínez, donde la madre y la hermana de Novelli fueron filmadas ingresando con bolsos vacíos y saliendo, una hora más tarde, con los mismos aparentemente llenos. El episodio ocurrió el 17 de febrero, primer día hábil posterior al polémico posteo de Milei sobre $LIBRA.
Días después, las cajas de seguridad fueron allanadas por orden judicial. Estaban vacías. La hipótesis de la fiscalía es que se trató de una maniobra para ocultar activos generados con la operatoria del token digital.
